La economía sumergida ahoga a las pymes
Pymes y autónomos afrontan la competencia desleal derivada de la actividad 'pirata'. Denuncian la pasividad de la Administración para controlar y legalizar los 'negocios sumergidos'.
La gravedad de la recesión está elevando como nunca la irritación de ciudadanos y emprendedores ante la economía sumergida. La competencia desleal, la evasión de impuestos y la obtención de rentas sin carga fiscal por trabajos en B casan cada vez peor con los apuros económicos de las familias, pymes y distintos niveles de las administraciones.
Y es que la actividad pirata, según diversos estudios recientes de Funcas (del año 2011) o el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha (previsiones de inicios de 2012), no ha hecho más que aumentar de forma constante pese a la crisis. Aunque el problema, visto en perspectiva, se ha convertido con el paso del tiempo y con independencia de las coyunturas alcistas o bajistas en un hecho diferencial negativo de España.
Dos datos sustentan esta afirmación. Primero, Funcas señala que entre 1980 y 2008, el PIB del conjunto del país se ha más que duplicado, al tiempo que el volumen de la actividad en negro se ha cuadruplicado, hasta 160.000 millones de euros. Gestha, por su parte, calculó que en 2010 (último año disponible), el volumen de la actividad pirata equivalía al 23,3% del PIB, lo que suponía que en medio de la recesión, el volumen relativo de actividad oculta se mantenía invariable respecto a los años de bonanza.
Los funcionarios de la Agencia Tributaria, y aquí está la segunda cifra clave, comparan no obstante ese porcentaje con otros países desarrollados del entorno, lo que sitúa a España al nivel de Grecia o Italia en los primeros puestos de este ranking, entre los miembros de las OCDE. Con ratios por debajo del 10% se encuentran EEUU, Reino Unido, Japón, Austria o Suiza. Francia y Holanda no sobrepasan el 12.
De ahí que Gestha calculara en enero pasado, antes de las sucesivas oleadas de recortes y elevación de impuestos a familias y pymes que ha puesto en marcha el Gobierno, que rebajar en diez puntos el porcentaje de la economía sumergida para equiparar a España con países del entorno aportaría a las arcas públicas casi 40.000 millones de euros. Levemente superior a lo que el Reino de España pagará en concepto de intereses por su deuda pública en 2013.
Del blanco al negro
El doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, José María Serrano Sanz, matiza, sin embargo, una cuestión relevante en torno a la relación de la economía sumergida y la crisis. "En mi opinión, lo que se hace es confundir economía sumergida con irregularidades laborales. Sí que es cierto que la crisis lleva a una explosión de irregularidades laborales, pero muchas de esas irregularidades, traducidas a rentas, dan cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, eso no acaba siendo lo decisivo para que aumente la economía sumergida". En su opinión, "sí hay un leve aumento cuando ha llegado la crisis, pero hay que destacar que la economíasumergida era más elevada en 2003 que en 2010. De modo que no es exactamente el ciclo lo que determina el tamaño de la economía sumergida. Seguramente se oculta más renta cuando hay una actividad muy elevada de construcción o servicio doméstico, que son núcleos donde está localizada la economía sumergida. Eso es más elevado en época de economía en expansión que en recesión".
Algunos de los datos aportados por Gestha en su congreso del pasado viernes en Bilbao vienen a refrendar estas opiniones. Según sus cálculos, en 2012 un 43,7% de la población adulta ingresa menos de 12.000 euros brutos anuales, lo que lleva a un porcentaje importante de esas personas a realizar labores en la economía sumergida. "Es inconcebible, de otra manera, que con casi dos millones de personas oficialmente sin ningún ingreso el nivel de conflictividad social no haya repuntado", asegura el presidente de esta asociación de funcionarios, Carlos Cruzado.
Bajando al detalle, la casuística es interminable. El secretario general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de la Comunidad Valenciana (Uatae CV), Gregorio Díaz-Marta, afirma que se está dando la circunstancia de que hay más autónomos trabajando, pero "muchos se están dando de baja y empiezan en la economía sumergida, ya que se ven obligados a reducir gastos y, después de ajustarse el cinturón, lo único que les queda es dejar de pagar como autónomos y módulos o IVA y pasarse a la economía sumergida".
Cita como actividades con creciente economía sumergida, servicios como fontaneros y electricistas, talleres y calzado, con "hasta un 50% de incidencia en zonas como Elche", asegura. Según Díaz-Marta, reciben quejas de autónomos por "competencia desleal" de exautónomos que "hacen el trabajo un 20% más barato, porque con la subida del IVA la diferencia entre hacerlo en blanco o negro aún es mayor".
Asegura que "las administraciones, especialmente los ayuntamientos, están haciendo 'la vista gorda' porque hay más de cinco millones de parados y la gente tiene que comer". Propone, sin embargo, algunas soluciones. Por ejemplo, que la cuota de autónomo sea muy reducida en los primeros dos años de actividad, que se reconozca la actividad parcial de los autónomos para los que trabajan media jornada por cuenta ajena o que se reduzca del 20 al 5% el recargo por pasarse un día en el pago de la cuota. "Eso no lo cobra ni la banca; hay que ayudar, no sólo perseguir", concluye.
En el sector de las academias de enseñanza llueve sobre mojado. Las crisis está intensificando la economía sumergida en una actividad que tradicionalmente ha tenido muchos competidores fuera de la legalidad. Los datos son elocuentes: en España han desparecido la mitad de las 1.200 academias que había en 2006.
Durante la crisis, explica el empresario de academias, Guillermo Villaverde, el fenómeno se ha disparado por una doble vía: por el de la oferta, ya que hay mucha gente en paro que recurre a dar clases, y el de la demanda, debido a que muchas familias intentan buscan reducir costes. El resultado es que el pasado verano, época especialmente intensiva para estos negocios, la caída de facturación fue de un 40%.
Nuevos perfiles
Los efectos económicos de estos piratas de la enseñanza son demoledores. Un estudio refleja que sólo el 7% de los 1,8 millones de estudiantes no universitarios que asiste a clases particulares acude a centros reglados. "Legalizar esto supondrían 20 millones de horas de trabajo y 125.000 profesores más", explica Villaverde, también vicepresidente de la Federación de Empresarios Autónomos de Castilla y León (Feacyl).
Junto a los dos perfiles tradicionales de la economía sumergida en este campo -el recién titulado universitario que da clases hasta que encuentra un empleo o saca una oposición y los profesores que encuentran un complemento salarial en esta actividad- ha aparecido otro con la crisis: los empleados de las mismas academias que se han quedado sin trabajo o profesores que han sido despedido de la administración por los recortes.
"Aparte del perjuicio que supone para las arcas públicas toda esta actividad no declarada, al sector nos hace una clara competencia desleal. No sólo porque tenemos que asumir unos costes laborales que suponen entre un 30 ó 40%, sino porque los empresarios tenemos que financiar nuestra actividad en plena sequía crediticia y las administraciones, uno de nuestros clientes, tardan mucho en pagar, asegura Villaverde; que recuerda además que aunque la crisis llegó más tarde al sector, ahora se está viviendo con especial intensidad por la caída a la mitad de las partidas destinadas a la formación ocupacional".
Transportistas clandestinos
Otros dos sectores relacionados con el transporte, el de mercancías y el de pasajeros, sufren igualmente un aumento de la competencia clandestina. En junio de este año, los periódicos publicaban cómo los aledaños de Ikea en Alcorcón estaban llenos de furgonetas que anunciaban sus precios (bastante más económicos que los que ofrece la cadena sueca) en las ventanillas y estaban allí a la caza del cliente. También en Ikea de L'Hospitalet (Barcelona) se denunciaron hechos similares. Y la cosa va a más con la crisis. "En estos difíciles momentos, y concretamente en el sector que nos ocupa, hay casi 50.000 transportistas que han tenido que abandonar la actividad por no poder hacer frente ni tan siquiera a los gastos originados por el precio de los combustibles". Así de rotundo se muestra José Belmonte Menchón, consejero delegado nacional de Transportes de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae).
"Cada cinco furgonetas de alquiler desarrollan el transporte de un tráiler, y en este sentido, al ser permitido este tipo de transporte con vehículos que no están recogidos ni documentados para efectuar esas labores, cobran en destino y en B en el 90% de los casos. Este dato está sobre la mesa del Ministerio de Fomento y es un continuo flujo de vehículos aproximado de 30.000 furgonetas", asegura.
"Serán el Joselito, el Bienpeinao, el Lucky Luck, el Maradona...". A los taxistas pirata que operan en el aeropuerto de Barajas, Ángel Julio Mejía, delegado de paradas de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, y sus compañeros los conocen hasta por el mote. "Siempre ha existido esa actividad, pero ahora se ha incrementado con la crisis. El problema es que el gremio ya está notando la crisis y si a eso le unes esta actividad... Además, y más importante, el sector queda manchado, ya que se mete a todos en el mismo saco, como ha pasado ahora con los taxis de la droga". "No hay datos pero se mueve bastante dinero. Puede representa a un 5% del negocio global", estima Mejía.
La lista de ejemplos sería interminable. Cabe destacar el caso del servicio doméstico. La nueva legislación de 2012 ha llevado a un buen número de empleadas del hogar a verse fuera de la legalidad. Las disfunciones de la nueva normativa de contrataciones (eleva los costes para las familias empleadoras y los contratos y cotizaciones son muy complicados de gestionar) ha llevado incluso al Gobierno a plantearse modificar la regulación.
En 2011, había registradas en el régimen especial de cotización propia 294.916 personas. El cambio de sistema y el fin del periodo transitorio derivó en 378.427 afiliaciones hasta agosto, cifra muy inferior a la prevista. Pero al mismo tiempo se produjeron 74.524 bajas de cotizantes del sistema anterior, que tal vez se hayan visto abocadas a la economía sumergida, como reconoció el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en su última comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso.
Ejemplos positivos
Con todo, hay también ejemplos de buenas prácticas en la colaboración entre el sector público y privado. Tal es el caso de los talleres ilegales, contra los que la patronal del metal sevillana Fedeme ha emprendido, de la mano de sus asociados, una lucha permanente en la que ha contado con el apoyo del ayuntamiento de la capital andaluza, de la Guardia Civil y de las consejerías andaluzas de Economía y Medio Ambiente para, una vez identificado el establecimiento ilegal, proceder a su sanción o cierre. Varios talleres de este tipo han sido ya clausurados en polígonos industriales e incluso en barriadas de Sevilla. Esta asociación emprendió su cruzada hace cuatro años y en 2012 ha denunciado a 80 establecimientos.
En la misma senda de propuestas constructivas se manifiesta el presidente de la asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos de Galicia (APE-Galicia). José Ramón Caldas propone la creación de una ventanilla única para la presentación de denuncias así como la necesidad de que se realice un exhaustivo seguimiento de las mismas hasta conseguir la erradicación de las actividades ilícitas o la regularización legal de las mismas. Además, plantea la necesidad de un registro de empresas dadas de alta, con el fin de poder dar a conocer a los consumidores la identidad de las que trabajan dentro de la legalidad más absoluta. Esta asociación ha realizado ya más de 1.000 denuncias este año y advierte de que el mayor temor de sus miembros se manifiesta en la crisis sostenida que puede provocar un mayor repunte de los fraudes.
Sin embargo, la economía sumergida no sólo la protagonizan pintores, instaladores, mecánicos, albañiles, parados o inmigrantes que agudizan su ingenio para subsistir. Gran parte del dinero negro lo generan las denominadas profesiones liberales. Son abogados, médicos, arquitectos o dentistas que en consultas particulares cobran un dinero y declaran otro.
Aunque no se puede generalizar, cobrar en negro es una práctica habitual de muchos médicos con consulta privada en casa. No quieren oír hablar de ni de cheques ni de tarjetas de crédito, sólo efectivo. "El problema es que en otras profesiones te preguntan si lo quieres con IVA o sin, pero los médicos no ofrecen ni la opción de ser legal. Tu pagas un montón de dinero y, para no dejar pruebas, no te firman ni un recibo", asegura un afectado por una práctica que es muy habitual. Ginecólogos, psicólogos y pediatras encabezan una lista de especialidades que se pueden ejercer en consultas particulares, cobrando unos 50 euros por visita. Según los expertos, sólo este colectivo puede llegar a facturar entre 1.000 y 2.000 millones en negro que no pagan impuestos a las arcas del estado.
En el sector de los dentistas, lo que prima es el "mitad y mitad". Igual que en hostelería, los odontólogos hacen pagar el IVA sobre el material que implantan al paciente, pero ofrecen la posibilidad de "olvidarse" del IVA por la mano de obra. Muchas veces el cliente ni es capaz de discernir si paga o no paga los impuestos adecuados. En principio, acudir al dentista tributa al 21%, pero, según el Consejo General de Colegios de Dentistas de España están exentos de pagar impuestos los servicios prestados por odontólogos y estomatólogos "siempre y cuando se refieran actividades relacionadas con su profesión". ¿Y qué actividades no están relacionadas con su profesión? Un laberinto legal donde un experto fiscal se pierde y un cliente no se atreve ni a entrar.
En el colectivo de los abogados hay dos grupos. El primero, los que prestan sus servicios a empresas, y que en principio tienen sus ingresos muy controlados, ya que sus clientes necesitan las facturas para poder desgravarlas como gasto en su actividad. El segundo agrupa a los abogados que trabajan para particulares, que tienen muy poco interés en que se les facturen los servicios y prefieren ahorrarse el IVA y la parte correspondiente del Impuesto de Sociedades. En caso de divorcio, por ejemplo, el método es obvio: si el abogado debe personarse ante los juzgados puede cobrar el mínimo con factura y el resto aparte. Si ni siquiera tiene que presentarse ante el juzgado y se limita a asesorar a su cliente, la facilidad es todavía mayor.