La asfixia financiera del sector

Las empresas del sector de la limpieza deedificios y locales están llegando a una situación totalmente insostenible que pone en jaque su subsistencia. A la actual crisis económica y a los problemas derivados de las dificultades para la financiación, la creciente competencia desleal, la reducción de los presupuestos destinados a servicios de limpieza o las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, hay que sumar la asfixia financiera a la que se están viendo sometidas las empresas de limpieza por parte de la Administración Pública.

UNA MOROSIDAD QUE ABOCA AL CIERRE
Según las estimaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cada año, pymes y autónomos pagan 800 millones de euros en concepto de IVA de facturas que aún no han cobrado y que es posible que no lleguen a cobrar. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) señala que el plazo medio de pago es de 141 días, aunque estos son aún más dilatados en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, que son las que adquieren mayores compromisos con los proveedores. Además, desde la PMcM aseguran que sus cálculos apuntan que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que comenzó la crisis, al menos una tercera parte lo ha hecho debido a la morosidad.
A la hora de reclamar a la Administración la deuda y los intereses de demora, las empresas tienen que interponer un recurso contencioso-administrativo, lo cual es inviable para las pequeñas y medianas empresas españolas, principalmente por los costes que ello representa.
Si no se pone fin lo antes posible a esta situación, provocará el cierre de empresas y el despido de personal, poniendo en peligro la supervivencia del sector, siendo los únicos beneficiados las grandes empresas, que pueden aguantar estos niveles de retrasos de pagos de las administraciones públicas.
Y es que si ya es difícil para una pyme aguantar la situación económica actual, ya no digamos si añadimos la falta de crédito de la banca y el retraso de los pagos de las administraciones. Estos provocan unos costes de intereses que reducen los pequeños márgenes y las estructuras fijas debido a los despidos.